Decálogo para una vida digna de los más pobres ante la pandemia del Covid-19:

Como sabemos, la lucha de clases es el motor de la historia, no se trata de hombres excepcionales que cambian el mundo, sino de pueblos organizados que transforman sus condiciones materiales de vida. Al pueblo trabajador, los últimos sexenios de priismo y panismo neoliberal le han demostrado que esa política no busca el bienestar de la mayoría de la población, sino de una minoría rapaz (Clase burguesa) que se ha enriquecido a costa del sufrimiento de quienes sostenemos este país. Pese al discurso de los políticos, el neoliberalismo en los últimos años no trajo nada bueno a los trabajadores: salarios cada vez más bajos, jornadas extenuantes, alimentos y servicios a costos exorbitantes, falta de medicamentos y cobertura en el sistema de salud.

La lucha y tenacidad de los explotados (clase proletaria) es la que ha hecho posible que hoy México tenga en su gobierno un régimen que se dice NO neoliberal. Sin embargo, siguen vigentes la inmensa mayoría de las reformas neoliberales del pasado, excepto la educativa y la laboral, por tanto, México sigue siendo un país capitalista, ahora no tan neoliberal, y en el capitalismo siempre están presentes dos posturas antagónicas: la que busca a toda costa defender el derecho de dueños, patrones y ricos a explotar y enriquecerse (que está representada ahora por una minoría rapaz que no deja de quejarse y cuestionar que el Gobierno afecte algunos de sus intereses) a costa del bienestar de la mayoría; y la gran mayoría del pueblo explotado que trata de sobrevivir o se mantiene luchando, según sea el caso, por mejorar sus condiciones materiales de vida, es decir, que pugna para que el Estado cumpla con sus responsabilidades y no permita a particulares lucrar con nuestras necesidades y derechos. Esa pugna no ha acabado con la llegada del nuevo Gobierno, de hecho, ahora, con mayor visibilidad continua dividiendo y polarizando a la sociedad en una lucha que unas veces casi no se nota, y en otros momentos, como en el que vivimos, se hacen más evidente.

Como pueblo organizado, como víctimas de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos con las que los gobiernos neoliberales han afectado nuestras vidas cotidianas, hemos aprendido que cuando esa minoría rapaz neoliberal pierde el poder político, es decir, la Presidencia, trata, por todos los medios, de evitar que ese cambio político afecte los intereses y las ganancias que ellos creen suyas, pero que en realidad son resultado del despojo, el robo y el arrebato que han practicado contra el pueblo trabajador.

En estos momentos, los neoliberales tratarán de que las leyes (que ellos mismos crearon y modificaron para sus intereses) no cambien en lo más mínimo. Por ello se “acercan” a quién ganó la presidencia, en el caso de México, se acercan a AMLO para frenar todo cambio, para hacer que los pequeños cambios no impliquen, en la realidad, evitar que sigan lucrando con el pueblo. En estos momentos ellos se acordarán y apelarán a los derechos humanos que por años le han negado a la mayoría de la población, pedirán respeto a las leyes que ellos mismos violaron y modificaron a conveniencia, apelarán al bien general en el que ellos nunca pensaron esperando que, de esta forma, sus bolsillo no se vean afectados. Un ejemplo de eso es el programa de capacitación laboral, que los empresarios “darán”, pero que el pueblo con sus impuestos pagará, esto quiere decir que ellos no están dispuestos a aportar con nada al desarrollo del país, sino que esperan que el pueblo pague todo a cambio de dar la oportunidad de que los jóvenes se capaciten y adquieran experiencia en el campo laboral.

Los años de neoliberalismo han dejado un marco jurídico que está diseñado para beneficiar a las minorías. Esto implica que, si el pueblo más afectado por el neoliberalismo no lucha para abrogar y derogar, anular y modificar el marco jurídico neoliberal, el “cambio de régimen” como le dice AMLO será transitorio, traerá algunos beneficios paliativos para el pueblo, pero durará sólo seis años y permitirá que regresen al poder los neofascistas neoliberales que hoy se resisten, incluso, a un cambio mínimo dentro del mismo sistema capitalista en el que estamos viviendo.

El capitalismo como sistema económico, implica la sistemática violación de los derechos humanos: la renuncia del Estado a dar a la población las condiciones mínimas para vivir dignamente mientras se permite a empresas y particulares convertir en servicios lo que eran derechos del pueblo trabajador.

Para gozar de los derechos humanos y una vida digna es necesario, como un primer paso, desmantelar la política económica neoliberal que la mafia del poder y los neofascistas quiere conservar, este desmantelamiento debe ocurrir no nada más de palabra, también deben de desmantelarse las prácticas cotidianas que sufrimos los mexicanos más afectados por el neoliberalismo, esto quiere decir que deben modificarse, también, leyes, prácticas cotidianas y una serie de lineamientos para que, realmente, el bienestar de un régimen no neoliberal pueda experimentarse en nuestra vida diaria. Si bien entendemos que ese cambio llevará tiempo, hoy más que nunca, como pueblo trabajador y como víctimas de violaciones a los derechos humanos debemos estar organizados para luchar, empujar y hacer realidad un verdadero estado de derecho NO neoliberal, como un primer paso para lograr una vida digna.

Entonces es una necesidad luchar de manera organizada por los siguientes 10 puntos que representan el decálogo para una vida digna del pueblo trabajador:

1. Derogar TODAS las reformas neoliberales que afectan la vida digna de los mexicanos

    De manera inmediata, los legisladores de MORENA deben revisar las más de 81 modificaciones a las leyes secundarias y las más de 58 modificaciones a la Constitución del sexenio pasado y de otros sexenios anteriores con el objetivo de restaurar los beneficios y derechos del pueblo trabajador y restringir los excesivos permisos y legalidades que se han aprobado para que el dueño o patrón abuse de los trabajadores y del pueblo mexicano. Es decir, deben recomponer las modificaciones para expulsar de la Constitución y las leyes secundarias su carácter neoliberal.

Bajo el discurso de que era necesario elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar el régimen democrático y de libertades, en los primeros dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) se aprobaron e implementaron 12 reformas llamadas estructurales. En la aprobación de estos cambios participaron diferentes representantes de la burguesía (capitalistas neoliberales) a través de los políticos del PRI, PAN y PRD, en un acuerdo conocido como “El Pacto por México”. La aprobación de estas reformas neoliberales significó más de 58 modificaciones a la Constitución y más de 81 modificaciones a leyes secundarias a favor de los empresarios.

Todas las modificaciones fueron de corte neoliberal, es decir buscaban, en realidad, aumentar los beneficios para que se elevara el grado de explotación del pueblo trabajador por medio de los bajos salarios, el aumento de las jornadas laborales y la legalización de la pérdida de prestaciones; restringir los derechos humanos del pueblo trabajador y disminuir los gastos y responsabilidades que el Estado tenía para con la población; mantener la estrategia de control social mediante el terror y hacer masiva la estrategia de represión política en contra de quienes no queremos el neoliberalismo.

Si hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice que el Neoliberalismo es la “fuente de la corrupción” en México y que hoy tenemos un “cambio de Régimen”, entonces los legisladores de MORENA están obligados a abrogar y anular todas las reformas estructurales que han permitido la política neoliberal de los últimos 36 años. De lo contrario, el marco legal obliga al nuevo gobierno a “cumplir las leyes” neoliberales. Un deber de quienes nos gobiernan es que su práctica coincida con su decir, por lo que deben construir el marco jurídico acorde a un nuevo “régimen” NO Neoliberal.

2. Alcanzar el derecho humano a un trabajo digno y bien remunerado.

    Elevar en todo el territorio nacional el salario mínimo (tal y como se decretó para la franja norte). El Estado mexicano debe elevar el salario mínimo 100 pesos por año para que, al final del sexenio, éste alcance la cifra mínima necesaria para que las familias mexicanas gocen de un nivel de bienestar mínimo. Es decir, el salario mínimo diario (al final del sexenio o lo más pronto posible) debe de ser de $654 pesos diarios o de $19,620 al mes para que de acuerdo a la misma Ley vivamos en el límite de la vida digna.
    Derogar la Reforma Estructural que se hizo a la Ley Federal del Trabajo que está en contra de los derechos humanos laborales y recuperar lo más avanzado en materia laboral de esta ley a lo largo de la historia. (PARCIALMENTE CUMPLIDA)
    Velar, vigilar y obligar a empresas privadas y de Gobierno a que garanticen los derechos de los trabajadores y las prestaciones laborales. Obligarlos a que garanticen el establecimiento del sueldo en salarios mínimos para que todos los trabajadores se vean beneficiados con el aumento.
    La jornada laboral debe ser por ley de tan sólo 48 horas semanales, las horas extras no podrán exceder tres horas más al día ni podrán presentarse en más de tres días a la semana. Las primeras nueve horas extras semanales deben ser pagadas al doble, y a partir de las 10 horas extras semanales, cada hora debe ser pagada al triple.
    Impulsar una campaña para eliminar todas las formas de flexibilidad laboral y ocultamiento de relaciones laborales como “outsourcing”, “voluntarios” “becarios”, “eventuales”, trabajador de confianza, etc.
    El Estado mexicano debe impulsar apoyos para la creación de cooperativas de producción, abasto y venta de productos de primera necesidad.
    Otorgar plazas a todos los que trabajan bajo figuras de flexibilización laboral en toda institución pública y privada, y plazas a todos los maestros que cobran por honorarios en escuelas y universidades públicas y privadas.
    Democracia sindical real

Muchas de las reformas y cambios que hicieron los políticos neoliberales permitieron lo que se conoce como “flexibilización del mercado de trabajo” (para el neoliberal flexibilizar es eliminar la igualdad, imponer más horas de trabajo y reducir salarios y prestaciones; tener más personal contratado mediante outsourcing, “voluntarios”, becarios, eventuales, con contratos en condiciones desfavorables a los trabajadores, lo que permite obtener más ganancia a los neoliberales y a los capitalistas).

La flexibilidad laboral agravó los abusos de dueños, empresas y patrones en contra de los trabajadores: desaparecieron las prestaciones de ley, los beneficios y derechos para los trabajadores, disminuyeron los salarios y aumentaron las horas de jornadas laborales. Todo ello arroja a los trabajadores y a sus familias a vivir en medio de la incertidumbre jurídica con respecto a la percepción de un salario y a la falta de servicios y prestaciones para una vida digna.

Según el CAM (Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM), la canasta alimenticia recomendable al 26 de octubre de 2018 era de $264.84 pesos diarios, lo que implica que una familia de cuatro personas gasta $7,945.2 pesos al mes en alimentos. Además, de acuerdo con La Jornada, en 2016, sólo 9 minutos de toda la jornada laboral eran necesarios para que el trabajador generara su salario, el demás tiempo de trabajo iba directamente a las ganancias del patrón. Si los trabajadores no luchan por que se haga realidad el acceso a un trabajo digno y bien remunerado, será imposible que acceda a una vida digna.

3. Tarifas justas para el Agua, la Luz y el Predial

    Necesitamos una tarifa social justa y el borrón y cuenta nueva para los servicios de Agua, Luz y el impuesto del Predial, tomando en cuenta que el cobro total de éstos no puede ser mayor al 6% del ingreso familiar, debido a que agua, luz y vivienda adecuada son derechos humanos. En Tabasco ya se dio un borrón y cuenta nueva, que debe extenderse a todo el país.
    Obras para que todos los mexicanos tengan acceso inmediato al agua. (HAY UNA PROPUESTA QUE LAMENTABLEMENTE INVOLUCRA A EMPRESAS PRIVADAS) Que cada hogar mexicano tenga acceso a 100 litros de agua diaria por persona, con una presión suficiente para reunir esa cantidad en media hora. Eliminación de la política de tandeo y manipulación de válvulas. Tarifa social y justa. Alto a las restricciones del servicio de agua por falta de pago que vulneran el derecho humano al agua.
    Que se fije una tarifa social por el servicio de luz. Dicha tarifa, debe considerar, que, en tanto que derecho humano, cada hogar debe contar con energía suficiente para mantener dos focos prendidos, un refrigerador funcionando, usar una vez al día la lavadora y la licuadora, sin costo alguno.
    Tarifa social, justa y adecuada para cada hogar mexicano con respecto al predial.
    El neoliberalismo no sólo arrebató las condiciones dignas del trabajo, sino que busca en cada una de las necesidades de la población, una oportunidad para obtener ganancias: por eso agua y luz se convirtieron en un servicio que empresas privadas nos venden a precios más caros y con malos servicios. El agua, la luz y la vivienda digna son derechos humanos de la población, por lo que su goce no debe estar restringido a aquellos que pueden pagar las estratosféricas cantidades.

A raíz de la reforma energética, se aceleró la privatización del sector energético, mienten quienes dicen que la reforma tenía como objetivo elevar la producción y modernizar el sector energético como el petróleo y derivados y la generación de energía eléctrica. La realidad es que esta reforma permitió desmantelar a través del huachicol a PEMEX, y, al mismo tiempo, Peña Nieto nos trataba de convencer de que al pueblo se le había acabado a “la gallina de los huevos de oro”.

En la CDMX el servicio de cobro del agua está concesionado a empresas privadas que han elevado injustificadamente las tarifas con la aquiescencia del Estado, no importa el acceso al derecho humano al agua, sino la ganancia de estas empresas.

Debido al aumento de tarifas miles de mexicanos no pueden pagar, por lo que les es violado su derecho humano al agua al restringirles el servicio a menos de 50 litros por persona al día. Cuando las personas afectadas se quejan, el problema nunca se resuelve de fondo, debido a que las autoridades quieren, como la CFE, que el usuario pague bajo la promesa de que después revisarán la tarifa o irregularidad planteada, pero una vez que han cobrado, ya no resuelven nada.

La política de condonación de deuda de predial y agua planteada por las autoridades de la CDMX en el inicio del Gobierno del Cambio en al CDMX no resuelve de fondo el problema de las tarifas injustas, incluso plantea que se paguen estas tarifas a cambio de la condonación de la deuda pasada, es decir borrón y cuenta nueva a cambio de la aceptación y pago puntual de las tarifas injustas.

Las tarifas de agua y predial, deben estar calculadas no nada más por la zona geográfica, sino por el estudio socio-económico de cada usuario y el cobro del servicio debe hacerlo la autoridad responsable no una empresa privada. Además, debe existir un suministro mínimo que no genere costo alguno para garantizar su disfrute como derecho humano.

4. Educación pública y gratuita

    Mejoramiento de infraestructura escolar en todos los niveles. Creación de más escuelas en las zonas donde hagan falta.
    Desaparición de programas como escuelas al 100 en las que los padres de familia debían asumir los gatos de servicios y mantenimiento de escuelas.
    Eliminación de las guarderías y estancias subrogadas a particulares. Creación o fortalecimiento del programa que dé cobertura de estancia a todos los trabajadores (formales e informales) con horarios adecuados, no como las que existen actualmente.
    Creación de escuelas y turnos suficientes para el número de población bajo el esquema de que la educación es pública, gratuita y laica, desde nivel de educación inicial, hasta nivel universitario.
    Las nuevas 100 universidades prometidas deberán ser Públicas, gratuitas, laicas con ingreso por sorteo y respetar la Ley Federal del Trabajo, eliminando el outsourcing, el contrato por honorarios y otras formas que despojan a los trabajadores de la seguridad social.
    Reconocimiento de la obligatoriedad de la educación pública desde el nivel inicial (menores de 4 años) hasta el nivel universitario.

Los Neoliberales aprobaron una reforma cuyo objetivo, dijeron, era elevar la calidad de la educación, sin embargo la realidad es que era una ley que bajaba el nivel educativo, incentivaba desmantelar el sindicalismo magisterial y abonaba a la privatización de la educación, aplaudimos que se haya eliminado esa reforma pero el cambio y mejoramiento deben reflejarse en todos los niveles educativos.

El arrebato del derecho a una educación pública, gratuita, científica y popular tenía como objetivo crear un gran mercado para particulares. El gobierno que se dice no neoliberal está obligado a detener de inmediato estas medidas y a hacer todo lo posible para reactivar, recuperar y mejorar el sistema educativo público en México.

5. Alimentación y Salud

    Se ha creado el organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) como institución que funde Diconsa y Liconsa, el Gobierno Federal dice que "Este organismo tiene como objetivo favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución en beneficio de la población más rezagada del país y brindar alimentos de calidad nutricional, a precios accesibles", sin embargo aún no se ha avanzado nada en ese aspecto, por lo cual debemos estar vigilantes que se haga realidad y que no se condicione de ninguna manera a quiénes lo necesitan.
    Que el costo de la canasta básica alimentaria más servicios no sufra aumento alguno para garantizar que se pueda acceder a ella.
    Recuperación y restablecimiento del sistema de salud. Suficientes clínicas y hospitales para la demanda real. Garantizar una atención eficiente, y el abasto suficiente y necesario de medicinas gratuitas, vacunas, reactivos para los análisis clínicos y equipo para estudios y procedimientos médicos. Regular el servicio de ambulancias, pues todas deben ser públicas y gratuitas. Basificación para todos los trabajadores de los hospitales y clínicas del sistema de salud público.

La tendencia neoliberal convirtió los derechos en negocios, pero la educación no fue el único ámbito afectado. El acceso a servicios de salud es otro de los grandes botines del sistema neoliberal, igual que el mercado de alimentos. El gobierno intencionalmente fue abandonando el sistema de salud, el campo y los programas sociales de estos rubros bajo el objetivo de que estos disminuyeran su calidad y de que los mexicanos tuviéramos que recurrir a sistemas privados. Se trata de enriquecer a empresarios y dueños.

Actualmente por lo menos el 21 % de la población mexicana no tiene acceso a ningún servicio de salud. De la población total que accede a servicios médicos, el 80% lo hace por medio de particulares, que muchas veces implican gastos desmedidos de acuerdo con lo que gana la población además de que los servicios y medicinas son de bajos estándares de calidad. A esto se suman cifras más aterradoras, 27 millones de personas viven en pobreza alimentaria y 1.2 millones de niños sufren desnutrición crónica. Esto implica que el 30% de la población mexicana no cuenta con los recursos necesarios para adquirir ni siquiera los alimentos de la canasta básica. Mientras que otro 60% cuenta con recursos para adquirir tan sólo algunos de los alimentos de la canasta básica.

Pese al reciente incremento de los productos de la canasta básica, en la CDMX con este nuevo gobierno se han eliminado los comedores populares, debido a que, y eso es cierto, los programas eran utilizados para desviar recursos y para manipular a la población. Sin embargo eso no elimina el hambre de quienes menos tienen, por ello para cambiar la forma en que se “desvía” el dinero de los programas sociales, se debe impulsar la creación de Cooperativas de producción de alimentos que permitan a la población acceder a una alimentación sana, variada, suficiente y económica, la otra opción es que sean establecimientos estatales que satisfagan dichas necesidades de los más necesitados. De la misma manera es indispensable que se rescate el sistema de salud en México y que éste reciba los recursos suficientes para operar en todo el territorio nacional. Mientras la salud y la alimentación sean un negocio al que sólo pueda acceder quien pague, el neoliberalismo seguirá dañando a nuestra nación.

6. Derecho humano a la Vivienda Adecuada

    Apoyos para cooperativas de vivienda que hagan posible que los mexicanos gocen del derecho a la vivienda digna y decorosa.
    Regular el cobro de la renta de cuartos y viviendas de zonas populares y para quienes ganen hasta 4 salarios mínimo mensuales, que representan al 85% del pueblo mexicano. Los cobros por vivienda no deben exceder el 30% del ingreso familiar.
    Detener los cobros excesivos, injustificados e ilegales a quienes adquieren una vivienda por medio de un crédito por medio de su trabajo. Alto a los créditos impagables.
    Programa de regularización de la propiedad intestada o sin división de la cosa común, siempre y cuando los poseedores no sean rentistas y no ganen más de 4 salarios mínimos mensuales.

La vivienda digna y decorosa es un derecho humano al que toda persona debe tener acceso, sin embargo, de acuerdo con las cifras de Forbes, en 2018, 9 de cada 10 mexicanos buscaban la manera de comprar una casa debido a que no contaban con una propia, sin embargo, al menos 5 de cada 10 mexicanos no cuenta con recursos ni con programas o prestaciones laborales que le permitan hacerlo. Por lo menos el 75% de la población mexicana vive en una casa que no es suya y al menos 68% pagan rentas que exceden el 30% del ingreso familiar. Esto se debe a que otro de los jugosos mercados que el neoliberalismo ha explotado es el mercado inmobiliario.

A esto se suma que el poco porcentaje que puede acceder a créditos para comprar una casa queda expuesto a abusos por parte de quienes realizan los cobros (sean públicos o privados) y al hecho de que no existe una campaña para difundir, explicar y hacer accesible la regularización territorial en el país.

Mientras esto sucede con el pueblo trabajador, una minoría de la población mexicana utiliza recursos como los prestanombres, los sobornos con notarios, el fraude y el robo de recursos de la nación para comprar inmuebles lujosos. El fin del neoliberalismo debe representar el acceso de todos los mexicanos al derecho a una vivienda digna y decorosa sin la participación del sector privado como en al CDMX.

7. Por un transporte público, digno y eficiente

    Debe establecerse una Tarifa única social y justa, se debe incentivar las cooperativas de transporte.
    Frenar la privatización y la participación privada en la extensión de la red transporte público.
    Creación de más y mejores vías y rutas de transporte, pensadas y definidas de acuerdo con las necesidades de la mayoría de la población.
    Se debe eliminar la Tenencia en la CDMX, ya que es un impuesto que no tiene ya ningún sustento.

En todo el territorio nacional, la mayoría de la población utiliza el transporte público pues no cuentan con auto propio (pese a que en las grandes ciudades se concentran las cifras más altas de población con coche propio). Además, gran parte de la población ocupa entre 2 y cuatro horas para el traslado diario de sus casas a sus centros de trabajo.

Los estudios más recientes muestran que el transporte en México es caro, deficiente, escaso para la demanda y poco seguro. Recientemente se ha utilizado un esquema que tiende hacia la privatización del transporte público, lo que aumenta su costo sin que eso implique que aumente su calidad. Además, la planeación de rutas está pensada, muchas veces, para beneficiar a la minoría de ciudades y poblaciones, pues las planificaciones están pensadas para mejorar la movilidad de quienes más recursos tienen. La accesibilidad de las zonas donde vivimos y el acceso rápido, suficiente y seguro a zonas de trabajo, mercados, escuelas y hospitales es parte del derecho humano a una vivienda digna y del derecho humano a un trabajo digno y bien remunerado.

Por ello es necesario que, de manera inmediata, el nuevo gobierno atienda la demanda de hacer del transporte un servicio público, digno y eficiente para el beneficio de la mayoría de la población mexicana.

8. Seguridad como derecho humano

    NO a la militarización de la seguridad pública, regreso progresivo del ejército a sus cuarteles, La Guardia Nacional debe de estar integrada por civiles, voluntarios y con mando civil.
    Desmantelamiento inmediato de todos los grupos paramilitares que operan en el país.

El neoliberalismo, para imponer su sistemático arrebato de derechos humanos a la población, para aumentar las ganancias de empresas y dueños, para robar recursos del país y despojar a pueblos enteros recurrió a la militarización y la paramilitarización del país.

Además abandonó a la población a su suerte y dejó a grupos delictivos y criminales hacer lo que les viniera en gana con el objetivo de sembrar miedo y de establecer el control social de la población. Los resultados son desastrosos… el país tiene cifras inimaginables de personas desaparecidas, ejecutados, desplazamiento forzado, etc.

Además, los últimos dos sexenios el gobierno utilizó a militares y policías de distintos niveles para atacar a la población en general y, con mayor selectividad, a defensores de derechos humanos y luchadores sociales. El proyecto neoliberal supone el abandono del cuidado y procuración de los derechos de la población y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la función de represión y control de las fuerzas del Estado.

Las cifras documentadas muestran que las policías, el ejército y la marina se vieron implicados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y en vínculos con grupos criminales, por lo tanto no pueden ser ellos quienes vigilen y cuiden a la población.

La fórmula para que la Guardia Nacional ya en operación y desplegada en el territorio nacional no sea el instrumento represivo del gobierno en turno es la sanción contra cualquier miembro y su superior por cualquier violación a los derechos humanos que cometan.

9. IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios)

Se debe eliminar los combustibles de esta lista y debe quedar de la siguiente manera:

    Bebidas con contenido alcohólico y cerveza
    Tabacos, cigarros y (si es el caso) drogas recreativas legalizadas
    Refrescos, bebidas hidratantes y rehidratantes, excepto agua embotellada
    Comida “chatarra” y aquella fuera de la línea de bienestar (canasta alimentaria básica y no alimentaria, de bienes y servicios)

Se deben reactivar los programas de salud que orientan y atienden a la población con respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. y que brindan atención a la población contra la adicción al alcohol, cigarro y drogas no legales.

El IEPS es un impuesto especial que se cobra en productos que dañan a la población.
Artículos como el alcohol, el cigarro, la comida chatarra, los productos azucarados y los refrescos son productos que se consumen ampliamente en el país y se siguen vendiendo pese al daño que generan.

El neoliberalismo es un sistema en el que lo que importa es el negocio y la ganancia, por ello no importa si a la población le venden veneno, pues mientras la gente lo compre, como es negocio, se seguirá vendiendo.

México enfrenta cifras alarmantes de enfermedades como diabetes y colesterol alto, sin embargo el Estado no emprende medidas de prevención y reeducación en la población.

También se han desmantelado la mayoría de los programas de salud que se ofrecían a la población para combatir adicciones al alcohol y tabaco. Actualmente existen campañas que exigen que en escuelas se elimine la venta de productos chatarra a los niños, sin embargo, el mercado se impone.

Para desterrar la manera en la que el neoliberalismo mantiene productos que dañan la salud, es necesario que el IEPS se aplique a este tipo de productos y que se reactiven los programas de salud y atención para la prevención y la atención a problemas de adicción. Lo recaudado por medio de este impuesto puede ser utilizado en programas sociales para mejorar el sistema de salud y la alimentación de la población.

10. Impuesto progresivo a la ganancia para una vida digna

    En todo el territorio nacional bajar el IVA al 8%, bajar el ISR al 20%
    Establecer un impuesto progresivo a la ganancia.

Los Neoliberales modificaron las leyes para no pagar impuestos, esto lo hicieron hablando de creación de empleos y de generación de riqueza para los trabajadores, sin embargo la realidad es que la ley se hizo para quitarle más impuestos a quiénes menos ganan.

Los impuestos son la forma en que el Estado recauda el dinero que usará para garantizar los derechos humanos de toda la población, como la educación, la seguridad social e incluso la creación de la infraestructura para garantizar estos derechos, sin embargo los Neoliberales, la minoría rapaz o los grandes empresarios, que son lo mismo (la Clase burguesa), al mismo tiempo que privatizaban estos derechos para obtener más ganancia cobrándonoslos, se amafiaban con la burocracia estatal para, por medio de grandes robos como el del huachicol, quebrar a las pocas empresas estatales como PEMEX, para irlas comprando y seguir ganado más, a costa del bienestar de la población mexicana.

No sólo eso, sino que encontraron miles de formas para evitar que ellos pagaran impuestos. De esta forma se ahorraban otra gran cantidad de dinero, lo que les permite aumentar sus ganancias a costa de no aportar lo que les tocaría para el bienestar de toda la población.

Los Neoliberales y quienes los defienden dicen que si baja el IVA no habrá dinero para pagar a los trabajadores o para garantizar los derechos humanos de toda la población, o también dicen que si basificamos a todos los trabajadores al servicio del Estado, no habrá dinero que alcance, que no bastaría con el recorte a gastos superfluos y el combate a la corrupción. También afirman que incluso la ganancia que se obtendría del desmantelamiento del robo institucional a PEMEX mediante el huachicoleo (cifra que puede alcanzar los 60 mil millones de pesos en un año, que es lo que se ha perdido por año en los últimos 9 de neoliberalismo, es decir, 6 millones de peso cada hora), no será suficiente para cubrir las demandas de la población, pero todas estas ideas son falsas.

Lo que no dicen, por ejemplo, es cuánto ganan los grandes empresarios de este país, por ejemplo, Carlos Slim, quien ganó en la última semana de enero de 2017 la cantidad de 9.5 millones de dólares ¡cada hora! , (Aproximadamente 184.5 millones de pesos por hora, que significa 30 veces más que la ganancia por combatir la corrupción en PEMEX), y si sumamos las ganancias de los demás empresarios neoliberales, incluso los que hoy son, entre otras cosas, asesores del nuevo gobierno, son miles de millones de pesos lo que estos empresarios nos quitan a los trabajadores.

Claro que ellos suelen afirmar que esas ganancias estratosféricas son solamente de ellos, puesto que de ellos es la empresa que permite que se generen esas ganancias. También afirman que es justo que le paguen menos o poco al trabajador, pues el empresario es dueño de la maquinaria y la infraestructura con la que el trabajador hace su trabajo. Sin embargo en este argumento ocultan muchas otras cosas, por ejemplo, la coca cola se enriquece sistemáticamente sí del uso de su maquinaria y empresa, pero en gran medida lo hace gracias al agua que utiliza y que es del pueblo de México.

Las ganancias de las grandes empresas son estratosféricas gracias a que utilizan recursos que no son suyos, a que pagan mal a sus trabajadores, a que no les ofrecen las prestaciones de ley. Lo más justo es que estas grandes empresas devuelvan al pueblo lo que le están arrebatando.

La solución entonces, a la par de desmantelar los grandes robos a la nación, hace necesario que AMLO establezca un Impuesto progresivo a la ganancia que permita recuperar ese dinero de los trabajadores para obtener una vida digna para todos, no nada más para los que nos han robado por años el producto de nuestro trabajo.

El Impuesto progresivo a la ganancia implica una forma de regular la manera en la que aquellos que se enriquecen gracias al trabajo del pueblo trabajador y por medio de los recursos del pueblo mexicano, le puedan retribuir a la Nación todo aquello que le han arrebatado.

Comité Popular de Derechos Humanos