Alberto López Limón

La Guardia Nacional va a pesar de todo. No importan las voces y advertencias en su contra, el gobierno federal, como antaño lo había decretado el gobierno de Felipe Calderón, sueña en que las fuerzas armadas haciendo el papel de policías puedan detener la inseguridad y violencia existente en el país. No importa que el ejército desde hace muchos años esté involucrado en todos aquellos problemas o fenómenos sociales que señalan ser el origen del crimen organizado, tal como la desigualdad, la injusticia, la acumulación autoritaria de poder. Los movimientos sociales, sus reclamaciones, la forma en que se defienden las amplias mayorías de nuestro país, son considerados por los que nos gobiernan como actos desestabilizadores, criminales.

Así son cuestionados los derechos sociales y políticos, las formas organizativas (como la huelga o la defensa comunitaria), la libre organización de los trabajadores del campo, sus dirigencias frutos de asambleas populares que decretan amplias movilizaciones y formas de auto defensa popular ante el uso de las diferentes corporaciones policiacas, paramilitares (pistoleros) y militares para garantizar el despojo de los pueblos.

Muchas voces del pueblo han señalado que el despliegue de la Guardia Nacional por todo el país, ordenado por el presidente López Obrador, tiene como principal objetivo asegurar la imposición de los megaproyectos y el sometimiento de los pueblos que se resistan. El gobierno por orden del Ejecutivo, sus incondicionales y las Cámaras de Diputados y Senadores, el gobierno representativo de la cuarta transformación, como ningún otro gobierno anterior, ordenó y legalizó un despliegue militar como el que ha empezado a poner en marcha

E l n u e v o gobierno adquirió compromisos con el gran capital que no puede eludir, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos. La nueva administración se empeñará en imponer estos “megaproyectos de muerte”, su decisión está muy lejos de construir “desde abajo y a la izquierda”, construir un gobierno para México, donde “primero sean los pobres y luego los ricos”, como sostienen los miembros de MORENA.

En los próximos 3 años se desplegaran 110 mil efectivos de la Guardia Nacional. El reportero José Réyez reveló en Contralínea que el despliegue se realizará en 266 coordinaciones en que se dividió al país. De ellas, 216 estarán a cargo de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 34 de la Secretaría de Marina (Semar). Y 16, de la Policía Federal.

No es casual que de las 266 coordinaciones donde se asentará la Guardia Nacional se contempla a las comunidades de los municipios autónomos zapatistas y en las zonas con defensa comunitaria indígena de Guerrero. Dos“entidades”cercarán a las zonas con bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cerrando el golpe con una más en la frontera sur con Centroamérica.

En la Montaña y la Costa Chica guerrerenses las policías comunitaras estarán rodeadas hasta por 8 “entidades de la coordinacion de la Guadia Nacional. En cambio tal cocentración de fuerzas no se verá en estados como Colima o Tamaulipas que tienen las mayores cifras de delincuencia.

A la par, el gobierno federal se ha metido en una encrucijada, amenazando con el recorte presupuestal a un colapso del sistema de salud pública del país, de por sí desmantelado.

Su voluntad contra la corrupción choca contra las instituciones creadas a favor de los intereses de los más ricos del país, que se enriquecen no solo con las especulaciones que llevan a aumentar los precios de las medicinas o la atención médica pública, sino en la compra la compra de las propias medicinas (escondiéndolas o vendiéndolas fraudulentamente y sin castigo).

El IMSS y el ISSTE anuncian que están a punto de quedarse sin recursos económicos, calculándose que solo se puede pagar la plantilla de trabajadores hasta el mes de octubre. ¿Pretextos para otra reforma neoliberal a la seguridad social?

De qué sirve que se nos grite a los cuatro vientos que en este gobierno todos tendrán atención médica cuando los hospitales están en tan malas condiciones que requieren urgentemente recursos para dar el servicio, para tener los equipos y personal necesarios para prevenir y atender enfermedades. Y qué decir de la sobre explotación hacia el personal médico y para médico, además de las áreas de enfermería, o a los médicos residentes que se les quitan o recortan sus becas y trabajos, perjudicando a los más pobres del país.

“Nada por la fuerza , todo por la ley”, declama el presidente; lo que se ve es que la fuerza (guardia nacional y decretos de recorte) son la ley.