El día 23 de mayo, en Chilapa, Guerrero, fueron “levantados” Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, ambos integrantes de la Policía Comunitaria en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán, el primero de ellos comandante, promotores del CIPOG–EZ y miembros del Congreso Nacional Indígena, quienes fueron encontrados sin vida y descuartizados el día de ayer 24 de mayo.

Este crimen se sumó al reciente asesinato de los compañeros Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-CIG, extendiendo la política de terror que los grupos narco paramilitares, en acuerdo con el mal gobierno en contra de los miembros del CIPOG-EZ y todos los territorios indígenas de México. El perpetrador reconocido de estos crímenes por las comunidades y por algunos retenidos por la policía comunitaria (que eran halcones y pistoleros) fue el Grupo Paz y Justicia, ligado al grupo de los Ardillos, quien cuenta con la complicidad del Ejército Federal y el gobierno estatal.

La acción con esta expresión de terror contra miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), contra las poblaciones de la región y contra el CIPOG-EZ se acumulan decenas de casos de personas ejecutadas, desaparecidas y secuestradas, además de la continua extorsión que grupos como los llamados Ardillos, o los Rojos realizan en esa región guerrerense de la Montaña.

Estos hechos son parte de un extenso plan contra los pueblos originarios, comunidades barrios y organizaciones sociales que han decidido darse la seguridad y la impartición de justicia frente a las amenazas y actos criminales no sólo de delincuentes, narcos y funcionarios, sino de la variada forma de aparecer de las empresas con sus megaproyectos mineros, de presas para hidroeléctricas, de fraccionamientos turísticos, de pistas y aeropuertos, y un largo etcétera, que en Guerrero incluye el narco negocio capitalista de la siembra, transformación y trasiego de mariguana, amapola y otras drogas de amplia demanda, principalmente en los Estados Unidos.

Las poblaciones que no se someten a esos negocios, las personas que quieren vivir en tranquilidad, pero también las que han sido forzadas a emplearse o usar sus tierras para algunos de esos negocios ajenos, son acosadas, extorsionadas y si no las someten se les combate con el caudal de armas que los paramilitares y las fuerzas del gobierno han adquirido para proteger a empresas y criminales.

Porque se ha mostrado desde hace 25 años que las comunidades pueden organizarse para darse la defensa inmediata y la justicia interna de sus comunidades, es necesaria y legitima la existencia de las policías, guardias y rondas comunitarias creadas por asambleas para servir voluntariamente como una forma más de autogobierno, de solución propia de sus problemas, como también lo hacen en la salud, la educación, la producción colectiva, la comunicación e incluso en los cambios profundos que requiere superar las formas patriarcales y violentas de vida.

Ante esos esfuerzos ejemplares, la Crac- PC y la Crac -Fundadores, a pesar de sus diferencias y formas de liderazgo, son fuerzas que el poder quiere eliminar. Lo ha intentado por medios violentos, pero también busca negarles la legalidad desde la cual se constituyen como parte de los derechos a la autonomía de los pueblos originarios, en el caso de Guerrero y con la complicidad de los partidos, anulando la Ley 701. A la vez, así como los paramilitares han antecedido los negocios capitalistas que saquean los territorios, ahora se anuncia la instalación de unidades y coordinaciones de la Guardia Nacional para dar el paso a la militarización que los pueblos guerrerenses han repudiado y combatido ante las masacres, violaciones, desapariciones que han sufrido en su historia.

Los grupos comunitarios que realizan su autodefensa al servicio de sus pueblos y no de líderes o empresarios necesitan de la solidaridad en la acción para erradicar el paramilitarismo y sus mandos narco-militares, empresariales y gubernamentales.

No es un choque armado y desventajoso, es la organización de una conciencia para la defensa integral y común de los territorios y la vida.